La actual crisis económica no responde en España solamente a un problema financiero o de liquidez, sino a la enorme desconfianza creada por una élite política que parasita el sistema y antepone a los intereses generales los suyos particulares, por lo que es absolutamente preciso sanear el sistema y crear mecanismos de control que eviten abusos y eliminen privilegios.
Es preciso establecer mecanismos de control de los políticos que pasan necesariamente por reforzar las incompatibilidades, evitando que se perciba más de un sueldo, establecer bandas salariales obligatorias para los cargos públicos, y prohibir la posibilidad de que una persona desempeñe un cargo público por más de dos legislaturas consecutivas.
Así mismo es urgente, y responde a un clamor en la opinión pública, articular medidas para que se incluya un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que causen por acción u omisión un perjuicio económicamente evaluable a los ciudadanos, bien por infracciones a las normas que regulan sus funciones, bien por la adopción de medidas erróneas susceptibles de ser evitadas con la diligencia exigible a su cargo. Si este delito hubiera estado tipificado, se habría evitado que D. José Mª Barreda pueda obtener un escaño en el Congreso de los Diputados, honor que no se merece en absoluto tras su caótico mandato, y sería juzgado por la negligencia mostrada.
Estas medidas deben correr paralelas a las que han de ponerse en práctica para acabar con el fraude fiscal que padecemos y va en aumento, cifrado actualmente en 70.000 millones, cifra que bastaría para equilibrar la economía española. Pero no solamente deben tomarse medidas internas a partir de una Inspección de Hacienda con más medios, más eficaz y mejor coordinada a nivel nacional, sino que es imprescindible, tal y como pide UPyD, la creación de una fiscalidad europea común a todos los estados de la Zona Euro.
