jueves, 17 de noviembre de 2011

SE PUEDE EQUILIBRAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SIN RESTAR EN EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

La política de austeridad y las medidas propuestas por Unión Progreso y Democracia en su Programa Electoral, son suficientes para conseguir un ahorro anual de 60.000 millones de euros y conseguir el equilibrio a partir del cual afrontar la recuperación económica.

El objeto de estas propuestas es acabar con duplicidades, excesos y gastos superfluos de las distintas administraciones: central, autonómica y municipal, modernizando su gestión y adaptándola a las características y necesidades actuales.

La supresión de Diputaciones Provinciales y la eliminación de órganos de la Administración vacíos de competencias como consecuencia de la descentralización son un primer paso que debe ser seguido por la fusión de la gestión de los municipios menores de 5.000 habitantes. A esto debe sumarse, entre otras medidas, la limitación de umbrales máximos de gasto y del número y tamaño de unidades administrativas y el establecimiento de bandas salariales obligatorias para todos los cargos públicos.

Así mismo, es preciso que se reduzca drásticamente el número de empresas públicas, observatorios, fundaciones, etc. que en toda España alcanzan un número cercano a 5.000 y que, en la mayoría de los casos, o no responden a necesidades reales o su función podría ser desempeñada por otros órganos de la Administración.

El Partido Popular, que se perfila como claro vencedor en estas elecciones, no incluye propuestas en esta dirección, sino que se dirige claramente hacia los recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales tal y como han anticipado en las Comunidades en las que actualmente gobiernan. Esto se debe al viciado sistema político en el que tanto PP como PSOE se mueven. Un sistema que ha sido parasitado por políticos que prefieren recortar servicios y bienestar a los ciudadanos antes que abordar otros recortes, como los apuntados por UPyD, ya que esto les supondría menos puestos de representación bien remunerados, renunciar al control de ingentes cantidades de dinero y puestos de trabajo y, en consecuencia, disminuir sus privilegios personales.