La Ley de Autoridad del Profesor recientemente aprobada aporta pocos cambios a la situación actual y constituye una nueva cortina de humo para ocultar la alarmante caída de calidad que sufre nuestro Sistema Educativo.
Ésta Ley incluye básicamente medidas que fueron puestas en práctica por el Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar en Castilla La Mancha, actualmente vigente, entre las que destacan la capacidad de los docentes y del Director del Centro para sancionar las conductas contrarias a la convivencia y la de reparación de daños por parte del alumno que los cause. La Ley de Autoridad del Profesor es, en realidad, una declaración de derechos del profesorado propios del sentido común y asumidos desde hace años por la Administración Educativa, y recoge obviedades como su derecho al prestigio, a solicitar colaboración de los miembros de la comunidad educativa, el derecho al orden y la disciplina en el aula o la reparación moral del daño causado por una agresión de cualquier tipo
La única novedad que encontramos es la presunción de veracidad de las declaraciones del profesor a los hechos que constate en ejercicio de su competencia y funciones, así como la posibilidad de tomar medidas cautelares ante conflictos y en el contexto de las normas de convivencia en vigor.
Pero no puedo dejar de opinar sobre este tema sin denunciar los modos utilizados por el Consejero Marín para justificarse y ocultar tras cortinas de humo sensacionalistas el descenso de la calidad educativa, utilizando argumentos que deforman la realidad: El Sr. Marín ha afirmado que esta Ley es necesaria “… por el incesante y notable aumento de casos de acoso y presiones contra los docentes, …… más de 18.000”. No dudo, porque a veces lo he visto, que existan profesores que han sufrido agresiones en mayor o menor grado, pero no puedo consentir que se afirme por el Sr. Consejero que existe tal cantidad de "casos de acoso y presiones...", máxime si la afirmación se hace sin especificar cuál es la fuente de esta alarmante cifra, a qué período de tiempo hace referencia y la naturaleza concreta de dichas “agresiones”.
Estos hechos convertirían a practicamente todos nuestros centros educativos en versiones manchegas del peor Bronx neoyorquino.
Estos hechos convertirían a practicamente todos nuestros centros educativos en versiones manchegas del peor Bronx neoyorquino.
Estas enormes cifras lanzadas “a bulto” pueden producir una alarma social que no se corresponde con la realidad. A este respecto, UPyD se permite sugerir al Consejero de Educación que revise diversos estudios e informes que puede encontrar en el Propio Portal de Educación de la Junta de Comunidades y en los que se concluye que en Castilla La Mancha los problemas de disciplina se centran fundamentalmente en la desmotivación del alumnado que produce disrupciones en el aula, siendo los problemas graves de convivencia o agresiones contra el profesorado casos aislados y poco numerosos.
También puede consultar el Informe del Defensor del Profesor en el que se indica que el número de llamadas recibidas en este servicio EN TODA ESPAÑA Y ENTRE 2005 Y 2010 se parece notablemente a esa cifra que tan imprudentemente lanza el Consejero Marcial Marín: 18.212.
UPyD considera que la Ley de Autoridad del Profesor aporta una pequeña fracción de mejora de calidad educativa, pero las auténticas medidas deben partir de una nueva Ley de Educación, consensuada por las fuerzas políticas y en la que sea determinante la experiencia de los verdaderos conocedores de la realidad de las enseñanzas no universitarias: su profesorado. Este cambio, tan sustancial como necesario, debe ir unido a un cambio profundo de la estructura del Sistema Educativo como el propuesto por UPyD a nivel nacional tanto para la Educación Secundaria Obligatoria como para el Bachillerato y la formación Profesional.
