miércoles, 31 de agosto de 2011

UPYD PIDE A COSPEDAL QUE ACLARE DE DÓNDE RECORTARÁ PARA REDUCIR EL DÉFICIT DEL 4,9% AL 1,3% DEL PIB EN MENOS DE UN AÑO

UPyD pide a Cospedal datos concretos que expliquen suficientemente su reciente y público compromiso de reducción de déficit del 4,9% al 1,3%,  y exige que las medidas que se tomen no afecten al bienestar y a los servicios básicos de los castellano manchegos.  En el caso de que la Presidenta de Gobierno cuente con una hoja de ruta al respecto, algo que debiera tener tras cuatro meses de las elecciones que la llevaron al poder, UPyD considera que debe hacerse pública lo antes posible.

UPyD comprende el elevado déficit heredado por el PP pero se muestra preocupado ante la posibilidad de reducciones en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, pilares básicos del estado del bienestar. Por otra parte, recordamos al Gobierno de Castilla La Mancha que los funcionarios y pensionistas ya han sufrido injustos recortes en sus salarios y se muestra contrario a que sigan estos colectivos cargando sobre sus espaldas los efectos nocivos de esta crisis.

Precisamente y para una eficaz reducción del déficit, UPyD sigue esperando que Cospedal haga pública  una valoración objetiva del complejo entramado de Empresas Públicas de Castilla La Mancha, con el fin de mantener solamente a aquellas empresas que sean rentables económicamente y las que, aún cuando no cumplan esta condición, sean absolutamente necesarias por su utilidad pública. No obstante y en este último caso es prioritario considerar su desaparición siempre y cuando sus funciones puedan ser asumidas por alguna de las Consejerías de la Junta de Comunidades y sus tareas desarrolladas por personal funcionario o contratado mediante los criterios de capacidad e igualdad de oportunidades. Por otra parte, UPyD considera que debe hacerse público el catálogo de puestos de trabajo de las empresas públicas que se mantengan y el coste económico que suponen.

En el caso de RTV CLM, UPyD sigue abogando por la desaparición de la segunda cadena, un lujo innecesario en una Región en crisis, así como la publicación periódica de los índices de audiencia y el coste que genera la TV pública, algo que anteriores Gobiernos nunca hicieron.