Una de las apuestas más importantes del programa electoral de la formación magenta es la reforma de la organización territorial del Estado, con el fin de modernizarlo y adaptarlo al siglo XXI y, por otra parte, conseguir el máximo rendimiento de sus instituciones con el coste más adecuado y ajustado.
La desaparición de las Diputaciones provinciales y forales es el primer paso. Son instituciones del siglo XIX y responden a una organización del territorio plenamente superada en la era de las tecnologías de la información y la comunicación. Suponen un coste muy elevado y duplican funciones de las comunidades autónomas. Las funciones que actualmente desempeñan serían asumidas por las instituciones autonómicas básicamente en materia de coordinación de redes de servicios municipales, deporte base, asesoramiento jurídico y asistencia administrativa a ayuntamientos, formación de cargos electos y empleados municipales, y desempeño de funciones técnicas.
La fusión de municipios menores de 5.000 habitantes, los contiguos entre sí y los anexos a concentraciones urbanas mayores, es otra importante innovación que España precisa dado que, al igual que las Diputaciones, la actual estructura municipal data del siglo XIX y respondía al aislamiento y dificultades de comunicación entonces existente. Actualmente Castilla La Mancha cuenta con 919 municipios de los que 844 tienen menos de 5000 habitantes (el 92%). Esta situación trae como consecuencia directa la desigualdad de los ciudadanos, ya que no todos los municipios prestan los mismos servicios esenciales y propicia un elevado número de órganos de gobierno local con la consiguiente duplicidad de funciones y gastos excesivos. El ahorro sería evidente ya que, por ejemplo, la fusión de los 723 municipios de menos de 2000 habitantes reduciría en un tercio el número total de concejales de la Región, número que sería aún más significativo si la fusión afectara también a los municipios de hasta 5000 habitantes. Por otra parte, se suprimirían empresas y fundaciones redundantes así como un buen número de vehículos oficiales, dietas, gastos de representación, etc.; se liberarían inmuebles y aflorarían recursos públicos tan necesarios actualmente.
Todo lo anterior debe complementarse con la necesaria revisión del Título VIII de la Constitución para delimitar claramente el reparto de competencias entre las Administración del Estado, Comunidades Autónomas y las Entidades Locales que evite duplicidades, cierre el modelo autonómico y permita suprimir los órganos de la Administración General del Estado vacíos de competencias como consecuencia del proceso de descentralización, incluyendo ministerios y direcciones generales.
Estas medidas no solo permitirán la reducción de un gasto superfluo de cerca de 24.000 millones, sino que agilizarán la gestión administrativa de España y la adaptarán al siglo XXI.
