Este proyecto de Ley se compone básicamente de buenas intenciones que, en su mayoría, son obviedades propias del sentido común o han sido ya asumidas por la normativa vigente. Se trata, por otra parte, de un proyecto basado en el anteriormente elaborado para la Comunidad de Madrid, lo que vuelve a mostrar la elevada “Madrid-dependencia” del Gobierno de Mª Dolores Cospedal y su escasa iniciativa propia.
La Ley de Autoridad del Profesor recoge mayoritariamente una declaración de intereses relativa a derechos del profesorado ya asumidos por la Administración, como el orden y la disciplina en el aula, la colaboración y respeto de las familias, la facultad de tomar medidas ante conductas contrarias a la convivencia, el reconocimiento a su labor o el respeto y la autonomía a sus decisiones técnico-pedagógicas. También recoge obviedades como su derecho al prestigio, a solicitar colaboración de los miembros de la comunidad educativa, el derecho al orden y la disciplina en el aula o la reparación moral del daño causado por una agresión de cualquier tipo. Sin embargo esta Ley se queda en estos enunciados y no llega a planteamientos que pongan medios para llevarlos a cabo.
La única novedad que UPyD comparte en la Ley de Autoridad, es la presunción de veracidad de las declaraciones del profesor a los hechos que constate en ejercicio de su competencia y funciones, así como la posibilidad de tomar medidas cautelares ante conflictos y en el contexto de las normas de convivencia en vigor. No obstante, la calificación como delito de especial gravedad a las agresiones al profesorado de la enseñanza pública ya estaba contemplada en el Código Penal (Art. 550 a 556) en tanto en cuanto es funcionario público, por lo que esta nueva Ley no aporta nada al respecto ni supone una mayor protección a los docentes de la Enseñanza Pública y, por otra parte, deja en una posición similar a la que venían sufriendo anteriormente, a los profesores de la enseñanza privada.
UPyD espera de este Gobierno no solo intenciones, sino medidas que afronten los problemas. Esta Ley de Autoridad del Profesor, salvo lo enunciado anteriormente, se encuentra en la línea mostrada hasta ahora por el Consejero de Educación, medidas incompletas o de pequeño calado que se amplifican y maquillan: Destaquemos como ejemplos el publicitado logro de haber conseguido de forma gratuita medios informáticos para continuar con el programa 2.0 en la Escuela y que, en realidad, solamente cubría el 3% de las necesidades de nuestra Región; o el convenio con empresas privadas para mejorar la Formación Profesional, que tan solo afectaba a un 5% del alumnado que cursa ciclos formativos de F.P.
Las medidas que realmente pueden iniciar un cambio hacia la mejora de la calidad educativa deben partir de una nueva Ley de Educación, consensuada por las fuerzas políticas y en la que sea determinante la experiencia de los verdaderos conocedores de la realidad educativa no universitaria: el profesorado. Este cambio, tan sustancial como necesario, debe ir unido al fin de la precariedad económica en Educación y al incremento de la inversión en Investigación, verdaderos motores del progreso de una sociedad.
El Consejero Marín debe ser más ambicioso y buscar las soluciones a los graves problemas y carencias de la Educación en Castilla La Mancha, para lo que hace falta más conocimiento de la realidad educativa, más ideas, menos dependencia de Madrid, y menos recortes.
